Las máquinas se detienen, pero el barro queda. ¿Quién terminará las obras viales ahora que disuelven Vialidad?
Vecinos y autoridades locales llevan ya un año y medio esperando que las máquinas vuelvan a ponerse en marcha en Cañuelas, mientras el Gobierno avanza con su reestructuración del Estado y la disolución de Vialidad Nacional como organismo clave en la infraestructura vial.
En medio de un panorama cada vez más incierto para la obra pública en Argentina, en Cañuelas se enciende una alarma que tiene nombre propio: Vialidad Nacional. El Gobierno con su reestructuración del Estado y la eliminación de organismos clave —entre ellos este histórico ente encargado de planificar y ejecutar buena parte de la infraestructura vial del país—, la pregunta se vuelve inevitable: ¿quién terminará las obras que ya están en marcha?
El distrito de Cañuelas fue, en los últimos años, uno de los epicentros del ambicioso plan de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas. La Autopista Presidente Perón, la Variante Cañuelas de la Ruta Nacional 3, la repavimentación de la Ruta 205, son solo algunas de las obras que se desarrollaron —o aún se desarrollan— bajo la dirección de Vialidad.
Pero tras los anuncios de la administración Milei y la decisión de disolver Vialidad Nacional como organismo público, lo que parecía una historia de progreso y conectividad para la región comienza a escribirse con tinta borroneada. ¿Qué pasará con las obras inconclusas? ¿Quién asumirá la responsabilidad de terminarlas?
De la autopista a la incertidumbre
La Variante Cañuelas, por ejemplo, es un proyecto estratégico de más de 9 km que busca conectar la Autopista Ezeiza-Cañuelas con la Ruta Nacional 3, agilizando la circulación de más de 15.000 vehículos diarios. Su finalización estaba prevista para 2026, pero su continuidad hoy está en duda.
También está en juego la repavimentación de la Ruta 205, entre Ezeiza y Cañuelas, una obra que no solo mejora la seguridad vial sino que reduce costos logísticos para productores y empresas locales. En total, son decenas de kilómetros de pavimento, puentes, accesos y mejoras que podrían quedar truncas o, peor aún, bajo control de empresas privadas sin controles ni objetivos sociales claros.
¿Privatizar lo público o vaciar el Estado?
El Gobierno nacional justificó la disolución de Vialidad argumentando “ineficiencia”, “estructura sobredimensionada” y “fuerte carga operativa”, aunque los gremios y especialistas en infraestructura aseguran que se trata de una decisión netamente ideológica, en línea con el plan de “achicamiento del Estado” promovido desde Casa Rosada.
Según datos oficiales, de los más de 5.000 empleados de Vialidad, apenas un tercio cumple funciones operativas. Y aunque esa estructura merece revisiones, la eliminación del organismo directamente pone en riesgo la ejecución, continuidad y fiscalización de obras clave en todo el país.
En paralelo, se anunció la creación de la llamada Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, un nuevo ente que tomará funciones regulatorias, pero sin equipos técnicos propios ni experiencia en ejecución directa.
La obra pública como política de desarrollo
En los últimos años, la infraestructura vial en Cañuelas no solo representó empleo local y dinamismo económico, sino también acceso, conectividad y seguridad para miles de vecinos y vecinas que transitan diariamente estos caminos.
Frente a esto, el silencio oficial sobre el futuro de estas obras preocupa. Los intendentes de la región, los productores rurales, las cámaras empresarias y las organizaciones vecinales ya comenzaron a pedir definiciones. Nadie quiere ver otra vez el escenario que tanto conocemos: máquinas que se retiran y promesas que se diluyen en el polvo de una ruta sin terminar.
Una herencia en riesgo
La caída de Vialidad Nacional no es solo una reorganización burocrática. Es la posible interrupción de una política pública que, con sus aciertos y errores, conectó al país, dio empleo y permitió que ciudades como Cañuelas no queden aisladas en su propio barro.
Sobre este punto, el cañuelense Gustavo Arrieta —último administrador general de Vialidad Nacional— dejó un mensaje contundente en sus redes sociales:
“El organismo que construyó, mantuvo y planificó las rutas del país durante más de 90 años. El que permitió que los pueblos se conecten, que las economías regionales produzcan, exporten y crezcan. ¿Quién se va a hacer cargo ahora? ¿Las provincias, sin presupuesto ni personal? ¿Las empresas privadas, esperando contratos millonarios? ¿Las PPP, como las que intentó Macri y fracasaron sin hacer un solo kilómetro? Conozco la dimensión de esta decisión. No es solo un cierre. Es un crimen contra la infraestructura y el futuro del país. 5 mil trabajadores despedidos. 47 mil kilómetros de rutas nacionales sin un organismo que garantice caminos seguros, transitables, federales. Las rutas no son un lujo. Son las vidas de los argentinos que todos los días salen a trabajar, a producir, a estudiar, a vivir”.
Hoy, cuando muchos se preguntan quién terminará lo que ya estaba en marcha, la respuesta no es técnica ni financiera. Es política. Y también es local. Porque si el Estado nacional se retira, ¿quién asume el compromiso con los pueblos?
