Desfinanciamiento de la ANDIS: alarma en el sistema de atención a personas con discapacidad.
El Honorable Concejo Deliberante de Cañuelas aprobó por unanimidad una resolución que expresa su “profunda preocupación y enérgico rechazo” ante el ajuste que el Gobierno Nacional viene aplicando en el área de discapacidad. La medida, aseguran los ediles, pone en riesgo derechos fundamentales de miles de personas en todo el país, y de manera directa afecta a instituciones locales como la Fundación IPNA.
Desde diciembre de 2023, la situación se ha agravado a raíz de una política de recortes que incluyó la baja de miles de pensiones no contributivas, la interrupción de pagos a prestadores y una reducción del 22% en el presupuesto destinado a programas y prestaciones para personas con discapacidad. En paralelo, se paralizó la transferencia de fondos del Programa Federal Incluir Salud a las provincias, generando un efecto dominó que amenaza con colapsar el entramado de asistencia pública y privada.
La Fundación IPNA —una institución con más de tres décadas de trayectoria, que atiende a más de 90 personas con discapacidad en Alejandro Petión— fue señalada como caso emblemático por los concejales. Su sostenibilidad está hoy en jaque ante el desfinanciamiento, en un contexto donde crece la demanda pero escasean los recursos.
“La situación es crítica. Los hogares, centros de día, transportistas y terapistas no están cobrando en tiempo y forma. Esto no es un reclamo sectorial: se trata de una emergencia humanitaria”, advirtió una de las voces del bloque Unión por la Patria (UP), impulsor de la resolución.
La preocupación local no es aislada. A nivel nacional, asociaciones, familias y trabajadores del sector vienen reclamando la urgente aprobación de una Ley de Emergencia en Discapacidad, que garantice el funcionamiento del sistema hasta 2027. El proyecto fue tratado el pasado 4 de junio en la Cámara de Diputados y propone, entre otros puntos, la regularización de pagos atrasados y la actualización de aranceles para prestadores.
Uno de los puntos más repudiados por el cuerpo deliberativo fue la declaración del actual director ejecutivo de la ANDIS, quien en recientes declaraciones dijo que “la discapacidad es un problema de la familia, no del Estado”. La frase, calificada como “insensible y regresiva”, encendió la indignación de organizaciones y defensores de derechos humanos, por contradecir los principios de inclusión y responsabilidad estatal consagrados en leyes nacionales y tratados internacionales.
En este contexto, el Concejo Deliberante no solo hizo público su rechazo a las políticas de ajuste, sino que también elevó una serie de pedidos concretos: garantizar el acceso pleno a pensiones no contributivas, restablecer pagos adeudados, reanudar el flujo de fondos del programa Incluir Salud, y reincorporar personal técnico despedido en la ANDIS.
Mientras tanto, las instituciones de base, como IPNA, siguen resistiendo con recursos cada vez más escasos. Lo hacen con el compromiso intacto, pero con la incertidumbre como telón de fondo. “Lo que está en juego no es un presupuesto: son vidas, proyectos, derechos. Y eso no puede esperar”, concluye el documento aprobado por unanimidad.
