El Estado bonaerense en defensa del transporte público entre Cañuelas y Monte.
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires intervino de forma decisiva para restaurar el servicio de colectivos de la Línea 88 tras la quita de subsidios ejercida por el gobierno nacional y la postergación empresarial. La resolución restituye una vía de comunicación indispensable para las comunidades locales, consolidando la movilidad no como una variable de lucro privado, sino como un derecho humano irrenunciable que garantiza la equidad territorial y el desarrollo social.
Por Martín Aleandro
La crisis de conectividad desencadenada a partir del 24 de junio, tras la drástica interrupción de las prestaciones de la empresa Expreso Liniers S.A. en la Ruta 3, desnudó la fragilidad de un modelo que subordina el bienestar comunitario a la mera rentabilidad económica. El intempestivo repliegue del servicio —derivado del desfinanciamiento impuesto por la administración central de Javier Milei— condenó a un virtual aislamiento a los habitantes del corredor, obturando el acceso indispensable a instituciones educativas, centros asistenciales de salud y puestos de trabajo. Frente a este escenario de precarización, el sostenido reclamo de los vecinos y su articulación comunitaria impulsaron la urgente intervención de la gestión bonaerense. El acuerdo rubricado por el ministro Martín Marinucci con el jefe comunal de Monte, José Castro, asegura el financiamiento mediante subsidios provinciales para cubrir provisoriamente el tramo abandonado, articulando una solución de fondo que desarticula la inacción del mercado y restablece la certidumbre en las comunidades de la región.
La resolución del conflicto trasciende la mera contingencia administrativa para reubicar al transporte público en la esfera del derecho público y la garantía comunitaria fundamental. La posibilidad de que los ciudadanos de Cañuelas, Monte y las localidades intermedias puedan movilizarse de manera frecuente, previsible y digna no constituye un bien transable, sino el andamiaje estructurante que permite el ejercicio pleno de la vida democrática y el libre tránsito. La intervención del Estado provincial legitima la premisa de que la movilidad social no debe regirse por balances corporativos ni marcos regulatorios orientados al lucro, sino por la responsabilidad indelegable de tutelar la comunicación de los pueblos y sostener la cohesión social frente a cualquier pretensión de abandono.
