Alerta en el gobierno por la ola de robos en Cañuelas
Si bien no lo dicen abiertamente, en el entorno de Fassi creen que los últimos hechos no son mera casualidad. La intendenta dio la orden de saturar los accesos con controles policiales y hasta envió a sus funcionarios a recorrer el distrito y testear la presencia policial. Hubo contactos con la Provincia por los últimos hechos.
Foto: Marisa Fassi hace apenas un mes, recorriendo el Centro de Monitoreo junto a Ariel Morlini.
Fernando Abdo
En las últimas semanas, el problema de la inseguridad volvió a ponerse bruscamente en la agenda local, luego de una seguidilla de hechos registrados sobre todo en el casco urbano de Cañuelas. Varias entraderas y escruches vienen encendiendo alarmas en las fuerzas policiales pero sobre todo en el Palacio Municipal, donde están lejos de creer que sólo se trate de un aumento delictivo casual.
En la semana, la intendenta Marisa Fassi se había reunido con todos los jefes policiales, a quienes les pidió intensificar controles y reprogramar las tareas de patrullaje. Pero el último caso registrado el viernes terminó de encender todas las alarmas.
Una familia fue sorprendida en una violenta entradera por cuatro encapuchados armados, que los ataron y se llevaron dinero y varios objetos de valor. Sugestivamente, ocurrió apenas unas horas después de que a pocas cuadras de allí, en la ruta 205, había finalizado un control policial de rutina.
Arrieta y Fassi se pusieron en alerta. La intendenta ordenó que en pocas horas se articulara un operativo de saturación en al menos ocho puntos del distrito, con mayor énfasis en los accesos. La Policía Local, la Bonaerense y el GAD participaron de los controles, que se extenderán hasta pasada la medianoche del sábado.
Pero además, Fassi tomó otras dos decisiones: se comunicó con la Provincia -la intendenta tiene una buena relación con el ministro Ritondo, aunque fue imposible confirmar si habló con él en persona- y los alertó sobre lo que sucedía. En la Provincia no están mucho mejor: la gobernadora Vidal decidió este sábado echar nada menos que al titular de la Superintendencia de Inteligencia Criminal, Héctor Puente, tras los ataques registrados la última semana.
Eso no es todo: el viernes por la noche, la intendenta y su esposo Gustavo Arrieta se comunicaron con varios de sus funcionarios y allegados de mayor confianza, y les pidieron que en sus vehículos particulares recorrieran barrios y varias localidades del distrito, y evaluaran a su juicio la presencia policial. Esta mañana pidieron respuestas: «Estaban muy enojados, en Máximo Paz y la ruta 3 prácticamente no se vio presencia policial«, le confió a este medio un allegado del matrimonio.
Si bien en el 2015 -otro año electoral- hubo una seguidilla de robos parecida a la actual, en el gobierno no creen que detrás de esta situación haya una cuestión política, sino que apuntan a una interna o disconformidad de algún sector policial.
No hay que olvidar que hace algunos meses comenzó a trabajar en el distrito la Fundación «La Alameda», dirigida por Gustavo Vera, que distribuyó buzones para recibir denuncias anónimas sobre venta de drogas. Una hipótesis que no se descarta cerca del Ejecutivo es que los datos que pueden haber empezado a surgir generen preocupación en algún sector de las fuerzas de seguridad.
La respuesta que el gobierno intentará dar será la de mayor presencia policial, como una forma de desalentar el delito. En esto -aseguran- cuentan con el apoyo del gobierno de Vidal, a quien consideran aliado, por lo menos en este tema.
La pregunta es si ello alcanzará para frenar una ola que, en tiempos electorales, algunos temen que se convierta en tsunami.
